Esta semana se reunió el presidente De la Espriella con destacados líderes indígenas del país y las reacciones a favor y en contra no dan tregua. En mi caso, que he hecho seguimiento al devenir del movimiento indígena por casi cuarenta años, esta reunión tampoco deja de sorprenderme, pero no por lo que allí pudo tratarse, sino por lo que no se dijo, o al menos no se refleja en el discurso presidencial.
Lo primero a resaltar es que los indígenas nunca dejan de sorprender por su capacidad de sentarse, una y otra vez, con quien sea —amigo, adversario, gobierno saliente, gobierno entrante, presidente legítimo o el que puedan considerar ilegítimo— y escuchar con paciencia a los gobiernos de turno. La historia trae a la memoria las imágenes de Santos y Petro reunidos con los mamos de la Sierra Nevada, o la visita de Duque al resguardo arhuaco de Kankawarwa, ofreciendo la Casa de Nariño como «su maloca» para concertar el Plan Nacional de Desarrollo. Los indígenas han acudido a la entrega de aseguranzas, a rituales de armonización y a todas las bienaventuranzas posibles, en la creencia de que algo bueno tiene que pasar para ellos en el respectivo período. Por eso no debe sorprendernos la imagen de esta semana con Abelardo de la Espriella en la sede alterna del gobierno en Barranquilla. Al final, la escena es muy parecida: un presidente que oferta una nueva manera de relacionamiento, un cúmulo de promesas y los líderes indígenas oyendo.
Debo ser justo en un punto: Abelardo fue explícito en que no venía a decirles lo que querían oír, y en eso hay que tomarlo en su palabra, no en la sospecha. Lo que queda dando vueltas, entonces, no es que repita un libreto complaciente —no lo hizo, al menos no en el tono—, sino que la forma del encuentro, el ritual mismo, sigue siendo idéntica a la de gobiernos anteriores: cambia el nombre del presidente y la fecha, pero la estructura de la promesa y la escucha es la misma desde hace muchos años.
Y antes de ir a lo que faltó, hay que reconocer lo que sí se dijo y que no es menor. Abelardo fue concreto en tres frentes que las comunidades venían reclamando: sobre la consulta previa, afirmó que se va a respetar como derecho, aunque anunció una revisión de los procedimientos para impedir que intermediarios o funcionarios la conviertan en negocio; sobre seguridad, se comprometió con una atención diferenciada para las comunidades de frontera y ordenó medidas concretas frente a la crisis del pueblo Misak de Guambía; y sobre la interlocución, marcó un giro deliberado hacia el diálogo directo con las autoridades y las comunidades. Son compromisos verificables, con fecha y nombre propio. Pero cada uno de esos tres tiene una letra pequeña que el discurso no leyó.
Sobre consulta previa: está protegida por el Convenio 169 de la OIT, incorporado a nuestra ley desde 1991, y por jurisprudencia que en casos de alto impacto —la Corte lo dijo desde la T-129 de 2011— exige no solo consultar sino obtener el consentimiento de las comunidades. En el ambiente político circula la idea de que Colombia podría denunciar ese Convenio; conviene decirlo con toda claridad: el tratado solo puede denunciarse en ventanas de un año que se abren cada diez, y como Colombia dejó pasar la de 2022-2023, quedó comprometida hasta 2032. Cualquier amago de retiro hoy es puro ruido político. El desgaste sí ocurre, pero por otra vía, más discreta: cada gobierno, sin excepción de color, ha intentado recortar la consulta previa apelando al mismo argumento, que traba la inversión que el país necesita. Ahora mismo hay un proyecto de ley en el Congreso que busca «agilizar» el trámite invocando miles de consultas represadas. No digo que ordenar el procedimiento sea ilegítimo —hace falta—, pero cuando el argumento siempre es la urgencia económica, la agilidad administrativa corre el riesgo de ser la forma elegante de la presión: no se le dice a la comunidad que pierde la inversión si no cede, pero se construye el relato para que se sienta exactamente así.
Sobre seguridad, el presidente fue enfático en que la Fuerza Pública protegerá «cada rincón de la patria». Suena bien, pero falta lo esencial: la autonomía territorial no es un matiz decorativo, es un derecho con protocolo escrito desde 2006, cuando el Ministerio de Defensa ordenó que todo comandante coordine con la autoridad indígena antes de entrar a su territorio, salvo que la operación militar no lo permita. Y hay una razón de fondo para esa exigencia, que tampoco se dice en el discurso: la confianza en la Fuerza Pública no está rota por capricho. La misma Corte, en el Auto 004, documentó que buena parte del riesgo que llevó a decenas de pueblos al borde de la extinción no vino solo de la guerrilla o el paramilitarismo, sino de una Fuerza Pública que en demasiados casos —señalamientos, ocupación de sitios sagrados, enfrentamientos en medio de comunidades enteras— terminó siendo parte del problema. Mencionar el caso Misak sin decir esto es contar la mitad de la historia.
Porque lo que falta, y es lo que más pesa, empieza donde termina el discurso: en la plata. De la Espriella citó una cifra concreta —convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas por cientos de miles de millones de pesos, sin uno solo liquidado—. No sé de dónde exactamente tomó su cifra el presidente, pero tuve acceso a un informe técnico de empalme y transición institucional de la propia Dirección, elaborado por los distintos directores que lideraron esa entidad desde 2022, y vale la pena partir de lo que ahí sí queda documentado. Con corte al 6 de agosto de este año —justo antes del cambio de gobierno—, el universo de convenios en seguimiento era de 59: 56 en proceso de liquidación (de esos, 36 ya radicados y 20 pendientes de radicar) y 3 todavía en ejecución. Es decir, a esa fecha, en efecto, ninguno aparecía como liquidado del todo, pero no por abandono: había un equipo con responsables asignados, prioridades clasificadas y un avance de radicación del 64%. Partiendo del principio de la buena fe, hay que decirlo así: el problema no es que nadie haya movido un dedo, es que cerrar administrativamente un convenio toma más tiempo del que dura la paciencia política.
Lo que ese mismo informe sí permite comparar, con nombre de contrato y cifra exacta, es a quién le llegó la plata. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) tiene registrado un convenio «Plan Cuatrienal» por $40.500 millones (Decreto 1811 de 2017) más un contrato de $3.000 millones para su Comisión Mixta: en total, alrededor de $43.500 millones documentados. Y sin embargo, dos contratos con FINDETER —por $40.000 millones en 2024 y $28.000 millones en 2025, ambos en desarrollo del Decreto 2194 de 2013— muestran que los pueblos Pastos y Quillasingas, de Nariño, recibieron $68.000 millones: más que el CRIC.
Y aquí está el punto que cambia por completo la manera de leer esta discusión. La Corte Constitucional, entre el Auto 004 de 2009 y el Auto 266 de 2017, ordenó planes de salvaguarda étnica para los pueblos en mayor riesgo de exterminio físico y cultural. El mismo informe de empalme reporta que, a 2025, esos planes suman 41 pueblos indígenas en total: 28 en concertación, 11 en implementación, 2 en formulación. El pueblo Nasa, del Cauca, está en esa lista de 41. Los Pastos y los Quillasingas no están en ninguna de ellas. No digo que no merezcan recursos —merecen, como cualquier pueblo del país—, pero cuando dos pueblos que la Corte nunca calificó de estar en riesgo de desaparecer reciben más plata documentada que uno que sí lo está, algo se rompe en el criterio de prioridad. No es corrupción, necesariamente. Es peor, en cierto sentido: el sistema termina premiando a quien mejor sabe pedir, no a quien más lo necesita. Esa es la verdadera cara del estado de cosas inconstitucional: no un decreto que falta, sino una prioridad que nunca se cumple, gobierno tras gobierno, aunque cambie el color político de quien gobierna.
Y aquí no me puedo quedar callado sobre la otra orilla, porque sería deshonesto conmigo mismo. Cuando un medio le pidió al CRIC indicadores de cobertura y resultados de los sistemas propios que financia con esos recursos, la organización respondió con entrevistas, con relatos, pero cuando le preguntaron por cifras concretas, decidió no responder. Eso también es un silencio, y de los graves. No se puede exigir transparencia al Estado y negársela a quien pregunta cuánto de esos recursos se fue en funcionamiento y cuánto en inversión real que un niño Nasa o Pasto pueda sentir en su cuerpo: una escuela, un puesto de salud, agua que de verdad llegue. Y tampoco puedo dejar de nombrar lo otro que ya es casi paisaje urbano en Bogotá: la sede Bancol del Ministerio del Interior lleva años siendo tomada y sitiada por comunidades distintas y por razones distintas —a veces justísimas, como los Emberá Katío desplazados exigiendo un albergue digno—, pero convertida ya en método, casi en ritual, hasta el punto de que mil trescientas personas quedaron una vez atrapadas adentro con mujeres embarazadas sin poder salir. Ese repertorio de presión, cuando se vuelve costumbre y no excepción, también desgasta la legitimidad de reclamos que en el fondo son legítimos.
Por eso, cuando leo el comunicado del CRIC sobre lo de Barranquilla y veo que todo se reduce a que Abelardo repite prejuicios contra los pueblos indígenas, siento que me piden elegir un bando, y yo no quiero elegir un bando. Quiero elegir la evidencia. Y la evidencia dice varias cosas incómodas al tiempo: que el presidente cumplió con anunciar compromisos concretos en consulta previa, seguridad e interlocución directa; que también tiene razón en que los recursos no siempre llegan donde deben; y que buena parte de esa distorsión no es solo culpa del Estado que entrega a dedo, sino también de una estructura de organizaciones indígenas donde unas pocas, las mejor posicionadas, terminan absorbiendo lo que debería repartirse según el riesgo real que la Corte ya documentó, pueblo por pueblo, desde hace diecisiete años.
La fórmula para pasar de funcionamiento a inversión real no es un decreto más ni un discurso más elocuente. Es que cualquier convenio, del gobierno que sea, tenga desde su diseño un indicador de destino final verificable en terreno, no solo de ejecución presupuestal, y que sea público para cualquiera. Es que la asignación deje de premiar la capacidad de gestión administrativa y empiece a premiar, con fórmula explícita, el nivel de riesgo que la Corte ya estableció desde el Auto 004: esos 41 pueblos primero, no los mejor conectados. Y es que las organizaciones que reciben esos recursos rindan cuentas con la misma exigencia con la que le exigen transparencia al Estado, porque la legitimidad del reclamo indígena —que es histórica, que es justa— no se puede blindar detrás del silencio cuando alguien pregunta en qué se gastó la plata.
