Luis Carlos Osorio Rendón
El miércoles 23 de septiembre, al cerrar una entrevista con el alcalde de Santamarta, Carlos Pinedo, un periodista de 6AMW de Caracol radio le presentó su agradecimiento a quien hablaba desde “la tierra de Bastidas”. La conversación no era sobre historia. Santa Marta amanecía militarizada después de dos días de paro armado impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tras la muerte de alias Cholo. Hubo buses incendiados en la Troncal del Caribe, negocios cerrados a punta de bala en Gaira, colegios sin clases y motos prohibidas. En medio de ese cuadro apareció la fórmula de cortesía de siempre, dicha con la misma naturalidad con que se dice “la Perla de América”.
Nadie reparó en ella. Yo tampoco lo habría hecho de no ser por la coincidencia: la ciudad que despedimos como “tierra de Bastidas” estaba, esa misma semana, sometida por un grupo que se hace llamar conquistador.
No escribo para corregir a un periodista. Las frases hechas no tienen autor, tienen herencia. Me interesa más la pregunta que nadie formula: ¿por qué, quinientos años después, seguimos poniendo a andar el reloj del territorio en 1525? Hay otra más incómoda, que el país lleva medio siglo intentando responder sin lograrlo del todo: si no es la tierra de Bastidas, ¿de quién es?
Los que opinamos, y me incluyo, tenemos una responsabilidad particular con esa pregunta. El derecho puede reconocer un territorio, pero es el lenguaje cotidiano, el de la radio de la mañana y el de la columna del domingo, el que decide si ese reconocimiento llega a la gente o se queda en el Diario Oficial.
Empecemos por la paradoja. Bastidas no fue el conquistador más feroz. Las crónicas lo recuerdan comerciando con los pueblos de la costa, prohibiendo a su tropa el saqueo y negándose a repartir el oro. Por eso lo apuñalaron sus propios hombres, en una conjura encabezada por su teniente Pedro de Villafuerte, y murió malherido en Cuba en 1527. La conquista que se impuso en Santa Marta no fue la suya, sino la de quienes lo atacaron. “Tierra de Bastidas” rinde homenaje, sin saberlo, al que perdió.
Y sin embargo, la ciudad nunca dejó de hablar en otra lengua. Bonda, Taganga, Gaira y Mamatoco conservan nombres anteriores a cualquier fundación. Taganga es un caso elocuente. Durante décadas la antropología la describió como una aldea de mestizos asentada sobre ruinas, hasta que investigaciones hechas con la propia comunidad mostraron que sus habitantes son indígenas pescadores. Los nombres sobrevivieron incluso cuando se negaba la existencia de quienes los pronunciaban.
Más arriba, la Sierra entera tiene nombre propio. Los cuatro pueblos la llaman Gonawindúa, el corazón del mundo. Sus cumbres, en cambio, llevan nombres puestos hace menos de un siglo: Colón, Bolívar, Codazzi, Ojeda, Simonds. En los mapas de 1935 esos picos todavía no tenían nombre. Se los pusieron, desde un escritorio, personas que nunca preguntaron cómo se llamaban.
No es un caso aislado. Los U’wa llaman Zizuma a lo que los mapas llaman El Cocuy, y en 2016, después de meses de movilización pacífica, lograron que el Estado suspendiera el turismo en su montaña sagrada mientras se estudiaban los impactos. Quienes hemos transitado por el Tolima y nos deslumbramos con la magestuosidad del nevado, muy pronto aprendimos que su nombre ancestral es Dulima, el de una cacica pijao llevada a la hoguera por defender a su pueblo.
Detrás de cada nombre hay una manera de mirar. Una montaña no es solamente una montaña. Un río no es solamente un río. Y un sitio sagrado no es simplemente un punto que puede localizarse mediante coordenadas. Hemos aprendido a reconocer los territorios que caben en nuestros mapas, pero todavía nos cuesta reconocer los que existen en la memoria y en la espiritualidad de los pueblos. No gratuitamente se dice que el mapa no es el territorio.
Donde el país sí ha avanzado es en el derecho. La Línea Negra, Sheshiza, fue reconocida por el Estado en 1973, precisada en 1995 y ampliada en 2018 a 348 espacios sagrados continentales, litorales y marinos. Uno de ellos, el punto 348, Nibué–Seynuriwa, muestra el tamaño del desafío. El ICANH tuvo que explicarles al IGAC, a la Dimar y al Invemar que para los cuatro pueblos el mar se ordena en nueve niveles, y que la quinta etapa, donde se reproducen los pastos marinos y la caracucha, llega hasta la isóbata de 200 metros. Para los cartógrafos del Estado, esa línea es solo un límite técnico: la frontera invisible en el mapa donde el fondo marino alcanza los 200 metros de profundidad y el océano se sumerge en la absoluta oscuridad. Para los indígenas, en cambio, es una frontera viva y sagrada. Un choque brutal de perspectivas que nos demuestra que traducir una cosmovisión a coordenadas geográficas jamás será un simple trámite administrativo; es, ante todo, un complejo acuerdo intercultural.
He asistido a suficientes mesas de concertación para saber que ese acuerdo no se firma solo con papeles. Ocurre cuando el funcionario abandona por un momento el lenguaje de los formatos y escucha a un mamo explicar por qué una concha del mar tiene que ver con una laguna en lo alto de la Sierra. El diálogo no es solamente un procedimiento. También puede ser una forma de conocimiento. Uno llega creyendo que conoce un territorio y descubre que apenas conocía una parte de él.
Esa es la lección que la frase de la radio oculta. La respuesta a “¿de quién es la tierra?” no consiste en cambiar a Bastidas por un nuevo propietario único. En el Caribe conviven memorias superpuestas, las de la Sierra, las del desierto, las del bajo Magdalena y las de los palenques, y reconocerlas exige más conversación, no menos. Un decreto puede caer. Una concepción del territorio no cae con él.
Ese acuerdo se cayó en febrero. El Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 por dos razones. Se expidió sin la cartografía oficial, que solo existió en 2023, y sin consultar a los wayuu, a los chimila y a una veintena de consejos comunitarios afro cuyos territorios se traslapan con la Línea Negra. En mayo de 2026, el Decreto 0514 volvió a precisar el territorio, esta vez tras un diálogo que incluyó a los wayuu, los ette ennaka y los pobladores de Taganga. Aun así, autoridades wayuu lo rechazaron.
El mundo ofrece ejemplos útiles, y uno de advertencia. Canadá devolvió en 2010 el nombre Haida Gwaii a las antiguas islas Queen Charlotte, y Australia pasó de Ayers Rock a Uluru. Estados Unidos rebautizó Denali en 2015, pero en enero de 2025 un decreto presidencial le devolvió el nombre de McKinley. Lo que un decreto da, otro decreto quita. Lo que sostiene un nombre es el uso, y el uso lo fijan en buena medida los medios. La agencia AP aceptó entonces McKinley dentro de Estados Unidos, pero siguió llamando Golfo de México al golfo que la misma orden quiso rebautizar. Un manual de estilo pesó tanto como una firma.
De ahí mi propuesta, que no pasa por prohibir expresiones ni por montar tribunales lingüísticos. Pasa por tres decisiones concretas.
La primera corresponde a los medios: que las grandes cadenas y los diarios del Caribe incluyan en sus manuales de estilo una guía de toponimia originaria, elaborada con el ICANH y las autoridades indígenas, como ya existen guías para nombrar la violencia o el género.
La segunda corresponde a Santa Marta: que el Distrito, que acaba de cumplir quinientos años, señalice sus corregimientos y los espacios sagrados de su jurisdicción con el nombre originario junto al castellano, concertándolo con el Consejo Territorial de Cabildos y con el Cabildo de Taganga.
La tercera corresponde al Estado: que el IGAC incorpore a la Base Nacional de Nombres Geográficos y al Diccionario Geográfico de Colombia los nombres de los 348 espacios de la Línea Negra, y los de Gonawindúa, Zizuma y Dulima, para que la toponimia deje de depender del decreto de turno. No sería un salto al vacío: el Instituto ya empezó a hacerlo con el pueblo cofán, en el primer mapa oficial del país en una lengua indígena. Falta que ese piloto se vuelva política.
Nada de esto cambia el pasado, pero sí la forma de contarlo. Bastidas llegó a una tierra que ya tenía nombre, y ese nombre sigue ahí, en Bonda, en Taganga, en Gonawindúa. Mientras tanto, los que hoy se hacen llamar conquistadores tienen a la ciudad cerrada. Quizás sea hora de dejar de regalarles el vocabulario, y de empezar a devolverles la palabra a quienes nunca dejaron de nombrar esta tierra.
