Mientras la ciencia lleva décadas perfeccionando su capacidad para anticipar el fenómeno de El Niño, Colombia parece seguir perfeccionando su capacidad para reaccionar cuando ya lo tiene encima. La decisión del presidente Gustavo Petro de declarar la situación de desastre nacional y trasladar cuatro billones de pesos para financiar proyectos de energía solar reabrió un debate previsible: ¿es suficiente el monto?, ¿alcanzará a ejecutarse antes de que lleguen los efectos más severos?, ¿garantiza transparencia en el manejo de los recursos?
Son preguntas legítimas. Pero ninguna apunta al verdadero problema.
La pregunta que deberíamos hacernos es otra: ¿estamos frente a una política pública de adaptación al riesgo climático o simplemente ante una decisión de coyuntura tomada al final de un gobierno?
La diferencia no es menor. Una política pública no se reconoce por el tamaño del presupuesto que moviliza, sino por su capacidad para sobrevivir a quien la anuncia. Tiene objetivos verificables, instituciones responsables, mecanismos de evaluación y recursos previstos en el tiempo. Una decisión extraordinaria puede ser necesaria y hasta acertada, pero difícilmente sustituye una política de Estado.
Desde esa perspectiva, destinar cuatro billones de pesos a fortalecer la generación con energía solar puede ser una buena decisión energética. Puede incluso ser una decisión ambiental acertada. Lo que no demuestra, por sí sola, es que Colombia haya construido una estrategia integral para enfrentar un fenómeno que afecta mucho más que la producción de electricidad.
El Niño no amenaza únicamente los embalses. Reduce la disponibilidad de agua para consumo humano, compromete la producción agrícola, incrementa los incendios forestales, favorece la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, altera el transporte fluvial y termina reflejándose en el precio de los alimentos. Pretender responder a todos esos impactos desde un solo frente sería como intentar contener una inundación levantando un muro en una sola orilla.
Otros países ofrecen lecciones útiles.
Perú, que probablemente conoce mejor que nadie los efectos devastadores de El Niño, ha construido una institucionalidad especializada para monitorear y coordinar la respuesta estatal. Sin embargo, su experiencia demuestra que las instituciones, por sí solas, no bastan. Cuando la prevención deja de ser una prioridad presupuestal, la vulnerabilidad vuelve a imponerse y cada episodio termina costando mucho más que las inversiones que nunca se hicieron.
Australia ofrece una enseñanza distinta. Allí la sequía no se administra como una emergencia recurrente sino como un riesgo permanente. La diferencia parece sutil, pero cambia completamente la lógica de actuación. Las decisiones no empiezan cuando aparece la crisis; empiezan mucho antes, mediante reglas estables, financiación continua y responsabilidades compartidas entre los distintos niveles de gobierno.
Esa es, probablemente, la diferencia más importante.
Australia administra riesgos. Colombia sigue administrando emergencias.
Nuestro país no carece de instituciones. Tiene un sistema nacional para la gestión del riesgo, entidades técnicas de alto nivel como el IDEAM y un marco jurídico suficientemente robusto. Lo que todavía no consigue consolidar es una política de adaptación que trascienda los períodos presidenciales y convierta la anticipación en una práctica permanente del Estado.
Por eso el problema no debería reducirse a discutir si cuatro billones de pesos son muchos o pocos. La pregunta realmente incómoda es otra: si el fenómeno puede anticiparse con meses de antelación, ¿por qué seguimos recurriendo a mecanismos extraordinarios para enfrentarlo?
El gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto tiene una oportunidad que va mucho más allá de revisar las decisiones de su antecesor. Su desafío no consiste en demostrar que puede reaccionar mejor, sino en empezar a construir una política que haga menos necesarias las reacciones extraordinarias.
Eso supone, al menos, tres cambios de enfoque.
El primero es entender que la prioridad no es únicamente la energía, sino el agua. Sin agua no hay agricultura, ciudades, industria ni seguridad alimentaria.
El segundo consiste en pasar de la atención de emergencias a la gestión del riesgo: fortalecer capacidades territoriales, coordinar a gobernaciones y alcaldías, preparar cuerpos de bomberos, proteger fuentes hídricas y actuar antes de que los incendios, el desabastecimiento o los racionamientos obliguen a declarar nuevas crisis.
El tercero, quizás el más olvidado, es convertir la información en una herramienta de prevención. Un ciudadano que entiende cómo lo afecta El Niño, qué medidas puede adoptar y por qué debe hacerlo, también forma parte del sistema de gestión del riesgo.
La ciencia ya hizo su trabajo. Hoy conocemos mucho mejor el comportamiento de El Niño y podemos anticipar su llegada con varios meses de ventaja. El desafío ya no es científico; es institucional.
Porque, al final, El Niño no es la noticia. La verdadera noticia será comprobar si Colombia aprendió algo del anterior.
